Más de 30 años de trayectoria en materia financiera, entre experiencia institucional y litigio bancario independiente.
El Lic. Leobardo Chávez Granados acumula más de 30 años de trayectoria en materia financiera, construida en dos etapas complementarias. La primera, de 19 años en instituciones públicas de protección al usuario financiero: como Subdelegado en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), delegación Colima (1999–2015), y previamente como conciliador y asesor en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, delegación Morelia (1996–1999).
La segunda etapa es la de litigante: desde 2015 es abogado postulante titular de su propio despacho en Colima, especializado en controversias financieras contra instituciones bancarias. Esta trayectoria institucional, sumada a experiencia previa asesorando jurídicamente a deudores de la banca y dictaminando contratos bancarios, le da una perspectiva poco común — conoce tanto la estrategia de defensa institucional de los bancos como los mecanismos de defensa disponibles para el usuario.
Lic. Leobardo Chávez Granados y Asociados es el equipo con el que atiende, de manera conjunta y coordinada, casos y procedimientos en materia financiera y bancaria en Colima, Jalisco y Michoacán. Operar en los tres estados permite dar seguimiento directo a litigios sin depender de terceros externos en cada plaza, y mantener el mismo criterio y estrategia legal a lo largo de todo el proceso, sin importar en qué entidad se presente la controversia.
Colabora con LexData Lab en casos donde la controversia financiera requiere, además del análisis legal, un peritaje técnico que certifique la autenticidad de evidencia digital: transferencias, estados de cuenta electrónicos, comunicaciones con la institución bancaria, entre otros.
Controversias contra instituciones de crédito por incumplimientos, cobros indebidos o prácticas contractuales abusivas.
Acompañamiento en el procedimiento de conciliación y, en su caso, el arbitraje ante la comisión, con conocimiento directo de su funcionamiento interno.
Asesoría en controversias derivadas de créditos, reestructuras y reportes ante el buró de crédito.
Análisis de escrituras, poderes y contratos de apertura de crédito, seguros, afores y otros productos financieros.
Representación en los casos de fraude financiero más frecuentes actualmente:
Incluye trámites ante las tres Sociedades de Información Crediticia (Buró de Crédito) autorizadas en México: TransUnion de México, S.A. SIC · Dun & Bradstreet, S.A. SIC · Círculo de Crédito, S.A. SIC.
Cuando un litigio financiero requiere certificar evidencia digital, LexData Lab y esta práctica trabajan de forma coordinada, manteniendo cada quien su responsabilidad profesional independiente.
Respuestas directas a las dudas más comunes sobre ciberdelitos financieros, cargos no reconocidos, Buró de Crédito y el camino legal para recuperar tu dinero.
Es cualquier delito cometido a través de internet, aplicaciones bancarias o llamadas telefónicas para robarte dinero, obtener tus datos bancarios o hacer compras a tu nombre sin tu consentimiento.
Phishing: correos o mensajes falsos que simulan ser de tu banco para que entregues tus claves. Vishing: llamadas donde se hacen pasar por el departamento de fraudes de tu banco para sacarte códigos de acceso. Smishing: mensajes de texto (SMS) con enlaces maliciosos para instalar virus o robar información.
No. Tú eres la víctima del delito de fraude. La ley penal castiga a quien usa el engaño para obtener un beneficio económico indebido.
Ocurre cuando un tercero usa tu nombre, CURP, RFC o datos bancarios para tramitar créditos, sacar tarjetas o hacer compras haciéndose pasar por ti.
Te protegen principalmente la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, y los criterios obligatorios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Es cualquier compra, retiro de efectivo o cobro que aparece en el estado de cuenta de tu tarjeta de débito o crédito y que tú no autorizaste ni realizaste.
Debes reportarla inmediatamente. Aunque los bancos suelen decir que "se usaron tus claves secretas", la Suprema Corte determinó que el banco tiene la obligación de probar que su sistema informático no falló y que fuiste tú quien autorizó la transacción.
Tienes hasta 90 días naturales a partir de la fecha en que se realizó el movimiento o de que se emitió tu estado de cuenta.
Debes presentar un reporte por suplantación de identidad ante el banco, levantar una denuncia ante la Fiscalía y acudir a la CONDUSEF.
No. Si demuestras que no firmaste el contrato ni recibiste el dinero en tus cuentas personales, no estás obligado a pagarlo.
La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) exige a bancos y empresas proteger tus datos. Si sufren una fuga de información y te perjudica, pueden ser sancionados.
Sí, mediante los Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), aunque el banco puede conservar cierta información obligatoria por regulación fiscal o bancaria.
Sí. Está tipificado como delito en los códigos penales (tanto federal como estatales) y se castiga con penas de prisión y multas económicas.
Es una empresa privada (Sociedad de Información Crediticia) autorizada por la ley que registra el historial de cómo pagas tus deudas. No es una "lista negra", es un expediente.
Lamentablemente el banco suele reportar el impago de forma automática, pero tienes derecho a reclamar e impugnar esa anotación de manera gratuita.
Debes ingresar una solicitud de reclamación ante el Buró de Crédito adjuntando el folio de reclamación de la CONDUSEF o la denuncia ante el Ministerio Público. Mientras se investiga, el Buró debe poner una leyenda que dice "crédito impugnado".
No. Mientras exista un procedimiento de reclamación o juicio sobre un cargo no reconocido, la entidad no debe exigir el pago de intereses derivados de esa suma.
Llamar o acudir inmediatamente al banco para cancelar tus tarjetas o bloquear tu app, pedir tu folio de reclamación y conservar todos los comprobantes posibles (capturas de pantalla, estados de cuenta, correos).
Es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Es un organismo público gratuito que media entre tú y el banco para resolver problemas de manera pacífica.
Presentas tu queja por internet o presencial. La CONDUSEF notifica al banco y convoca a una audiencia de conciliación. Si no hay acuerdo, la CONDUSEF puede emitir un Dictamen Técnico (un documento formal que analiza quién tiene la razón legal).
Sí. Aunque la CONDUSEF no puede obligar directamente al banco a pagarte en esa etapa, el Dictamen Técnico es una prueba documental muy fuerte que puedes usar ante un juez para ganarle al banco.
Inicias la vía legal formal mediante un procedimiento mercantil ante un tribunal.
El Juicio Oral Mercantil (regulado en el Código de Comercio). Es la vía más ágil y efectiva en México para este tipo de reclamos.
Es rápido: se reduce a pocas audiencias públicas y orales. Carga de la prueba: la ley y la jurisprudencia obligan al banco a probar que sus sistemas fueron infalibles y que tú autorizaste el movimiento — si el banco no lo demuestra con peritajes informáticos, el juez le ordena regresarte el dinero. Intereses: puedes pedir que te paguen el dinero robado más intereses moratorios.
Sí, requieres representación legal de un abogado o un defensor público (la misma CONDUSEF te puede proporcionar un abogado gratuito si cumples con ciertos requisitos).
Suele tardar entre 3 a 8 meses, dependiendo de la carga de trabajo del juzgado, lo cual es muy rápido comparado con juicios tradicionales que duraban años.
1. Reporte inmediato al banco: obtén tu número de folio. 2. Denuncia penal: acude a la Fiscalía/Ministerio Público para dejar constancia del delito. 3. Queja ante CONDUSEF: si el banco rechaza tu caso, agota la etapa conciliatoria. 4. Juicio Oral Mercantil: si el banco persiste en su negativa, demanda la nulidad del cargo/transferencia y la devolución de los fondos más intereses.
Contenido informativo general, no sustituye una asesoría legal personalizada para tu caso específico.